El 8 de julio de 2024 se publicó, finalmente, en el Boletín Oficial la ley de bases¹ en conjunto con el paquete fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei. Con una agenda de privatizaciones, flexibilización laboral, RIGI, la regresión del sistema tributario y un general retroceso en los derechos de cualquiera que sea un trabajador/a el debate público para disminuir el impacto de esta ley fue fundamental, y con ello la caída de ciertos artículos. El 3 de junio, como parte del debate público sobre estas leyes, desde el Observatorio Villero en La Ley de la Selva por la pantalla de C5N, tratamos dos puntos que hubiesen afectado (en el caso de aprobarse los artículos) especialmente a los barrios populares, por su composición socio-económica, siendo además un ataque directo hacia a las mujeres: La eliminación del monotributo social y la quita de la moratoria jubilatoria.

 

La eliminación de este régimen hubiese afectado a más de 1,2 millones de personas del sector más desfavorecido de la sociedad donde un monotributista social sin adherentes pasaría de pagar $3200 mensuales a pagar un monto de $26.600. Lo cual implica un aumento de más del 700%, importe que la mayoría de quienes se encuentran bajo este régimen no van a poder afrontar, dada la crisis y caída de la actividad económica que atraviesa el país, perdiendo así los derechos ya adquiridos. Según la ANSES existen 800 mil trabajadoras y trabajadores que tienen por principal aporte en toda su vida el monotributo social de los cuales el 64,2% de los aportantes son mujeres (figura 3).

La economía popular nuclea a cientos de miles de trabajadores, algunos de ellos organizados en forma de cooperativas, de reciclado, gastronómicas, textiles, etc. Pero también, este tipo de economías nuclea a feriantes y  artesanos, entre otros rubros. En La Poderosa, actualmente tenemos más de 50 cooperativas de trabajo, pero tan solo un año atrás ese número rondaba las 75.
El avance en tanto medidas que afectan a las condiciones de quienes se establecen y formalizan sus trabajos bajo esta modalidad, forma parte del contexto particular en el que se encuentra la  economía argentina, siendo este accionar una forma de atentar contra un tejido social  tan fundamental como lo son las cooperativas y junto con ellas las formas de organización en la economía social y popular. Claro está que no es la única manera. Asimismo, su trasfondo no es ni más ni menos que reproducir lógicas invisibilizatorias y  que niegan los derechos laborales que cualquier trabajador/a debería poder acceder. 

Moratoria Previsional

La Ley 24.476 sobre el Régimen de regularización de deudas para los trabajadores autónomos, permite que las personas que no alcancen los 30 años de aportes establecidos  y cumplan los requisitos para la edad mínima para jubilarse tengan una modalidad de pago para completar los años restantes y poder así acceder a recibir una  jubilación.
La ley de Moratoria Previsional fue un avance enorme en el reconocimiento de los trabajos de cuidado y las brechas de género en el mercado laboral, según un informe publicado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG)² el 70% del trabajo doméstico no remunerado lo realizan las mujeres, a su vez estas brechas en los barrios populares se amplían al existir la tercera jornada laboral, el trabajo comunitario. Esta carga desigual genera que la participación de las mujeres sea menor, en peores condiciones laborales y con menores salarios. 
Los trabajos no registrados, changas, actividades de la economía popular son a su vez principal motor económico que sostiene la economía de los barrios populares, en general para estas actividades, salvo por monotributo social, no están registradas las relaciones laborales, los empleadores se ahorran realizar los aportes correspondientes por sus trabajadores y estos no tienen la opción de elegir una alternativa mejor. Por todo esto, la ley de moratoria jubilatoria es una conquista enorme, de los sectores populares y del movimiento feminista.

Según datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS) sólo 1 de cada 11 mujeres en la edad jubilatoria posee más de 20 años de aportes al SIPA. Esto significa que: derogada la ley de moratoria quedarán por fuera las restantes, sin un acceso a una jubilación, pudiendo acceder simplemente al beneficio de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa  un 80%  del importe de la jubilación mínima. El monto de la PUAM se fijó en $152 mil pesos (junio 2024) y el de la jubilación mínima en $190 mil. Montos alejados de los ingresos necesarios para no caer en la línea de pobreza  de acuerdo con los datos arrojados por  el INDEC³ ($873 mil en junio 2024).  El fin de la moratoria es parte constitutiva del acuerdo con el FMI, tal como lo demuestra el informe país publicado luego de la séptima revisión del acuerdo, en enero de este año.
El 77% de las mujeres que hoy reciben una jubilación  lo pudieron hacer gracias a la moratoria (figura 5). Cabe destacar que una de cada 8 mujeres ocupadas en Argentina trabaja en el régimen de trabajadoras particulares que es el segundo rubro que más mujeres emplea y que peores salarios tiene. Más de 1 millón de mujeres de las cuáles el 75,7% no se encuentra registrada por sus empleadores ni realiza aportes jubilatorios⁴.

Se han incluido planes con facilidades de pago o moratorias con el fin de regularizar las deudas que hacen referencia a la seguridad social. Es decir, a quienes ejercen el rol de empleadores se le perdona el incumplimiento y se les facilita su adecuación mientras que  al trabajador/a se lo condena por los años en los cuales no pudo realizar los aportes correspondientes, donde los motivos son en el grueso de los casos la ejecución de trabajos en la informalidad cuya condición priva de derechos y beneficios a los empleados/as de ese sector. 

Otro de los puntos que suele debatirse de manera recurrente es la insostenibilidad del sistema previsional. Cabe destacar entonces que ese debate se corresponde más con  la quita de cargas a las patronales que por los aportes de los trabajadores particulares/individuales en sí.

Un ejemplo claro es el de MercadoLibre, que en 2023 recibió beneficios por parte del Estado en aproximadamente 100 millones de dólares, en donde más de la mitad son exenciones patronales. No por la falta de pago de los trabajadores y trabajadoras que por supuesto quieren acceder a esos derechos. La insostenibilidad sienta sus bases en la capacidad destacada que tienen los grandes empleadores en Argentina para no pagar esos aportes.

¹ Ley de Bases
² DNEIyG (2023). El aporte de los cuidados al PBI. Las brechas de género en la economía Argentina. 4to trimestre 2022
³ INDEC (2024). Valorización de la CBA y CBT. Junio de 2024
⁴ Ecofeminita (2024). EcoFemiData: informes ecofemidata. 4to trimestre 2023