En la primera mitad del 2024, las medidas relacionadas a  la eliminación de ciertas  áreas del Estado junto con la drástica reducción del presupuesto se han presentado como victorias por parte del gobierno sin reparar en los daños que genera en la sociedad.

Desde el inicio del mandato de Javier Milei hemos lamentado, hasta el 22 de junio de 2024, 167 femicidios de acuerdo a los datos del Observatorio Lucía Perez. A pesar de esto, el gobierno no detuvo el desmantelamiento de las políticas orientadas a prevenir y a acompañar a las víctimas por violencia de género. El cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que fue esencial en la gestión de dichas políticas públicas, la eliminación de la Línea 144 de atención a las víctimas, la culminación del Programa Acompañar, una vez que se cumpla con el pago de las cuotas asignadas a aquellas personas beneficiarias que realizaron su registro hasta diciembre de 2023 y  la interrupción del Programa Producir, destinado a contribuir con la independencia económica de mujeres y disidencias que atraviesen o hayan estado en situaciones de violencia por razones de género, son entre otras medidas las más graves a destacar considerando el accionar perverso de la gestión de gobierno actual. 

La violencia de género no es una problemática que afecte únicamente a los barrios populares, pero cabe afirmar que afecta de distinta forma sobre aquellos sectores donde el Estado llega con dificultad o directamente no llega. La falta de autonomía económica que padecen las mujeres representa un obstáculo fundamental para salir de los círculos de violencia. 

La institucionalización de las políticas de género
Producto de la lucha que vienen llevando adelante los feminismos desde hace décadas, se logró no solo la difusión e implementación de nuevos dispositivos en materia de políticas de género sino también se promovió la ampliación de herramientas ya existentes, por ejemplo, si hablamos de efectuar acompañamientos a víctimas que han sido violentadas durante muchos años. Este proceso fue materializado en parte productos del trabajo que se realizó desde el MInisterio de Mujeres, Género y Diversidad (MMGyD) conjuntamente con el Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género, pero también en otras políticas públicas con perspectiva de género como ser la AUH, el Potenciar Trabajo y las asignaciones familiares.

Programa Acompañar
Dicho programa consistía en una prestación económica que alcanzó a 352.000 personas y tenía como objetivo fundamental  permitirle a personas que estaban atravesando una situación de violencia de género tener autonomía económica contribuyendo a romper el ‘círculo’ de violencia del cual eran víctimas. Las casas de las mujeres y disidencias acompañaron a realizar el trámite en 1 de cada 2 casos de violencia por motivos de género, aunque como muchas organizaciones sociales señalamos a la gestión anterior por la falencia de solo incluir casos de riesgo ‘altísimo o alto’, así como también la durabilidad de la prestación, ya que sólo 6 meses (en muchas situaciones) no era tiempo suficiente para lograr la  autonomía económica necesaria, lo que ocasionaba que las víctimas vuelvan con el agresor, solo por mencionar dos ejemplos claves. Sin embargo, la lista de incompatibilidades se extendía.

Línea 144 y CAJ
Otros ejemplos de políticas públicas que están desapareciendo dejando sin herramientas de articulación con el Estado son los CAJ. Herramienta  fundamental para poder acompañar a mujeres en casos como ser las mediaciones por alimentos y en los juzgados de familia. Por su parte la línea 144  recibió ya más de 1,2 millones de llamadas y realizó más de 100 mil intervenciones. Otro dispositivo que se hace añicos.

El rol de la articulación de las organizaciones territoriales con un Estado presente es fundamental, desde el feminismo villero de La Poderosa y otras organizaciones se ha sido muy crítico de la subejecución de estos programas años anteriores, la invisibilización del trabajo comunitario en estos casos o la poca importancia a nivel  presupuestario que tuvo este Ministerio. Sin embargo, la escasez de recursos  siempre va a ser mejor que no disponer de ninguna política. Las trabajadoras de las casas de las mujeres acompañan desde el barrio a la comisaría hasta tener una respuesta y una solución, son la vía más eficiente para garantizar el acceso a la justicia y la articulación del territorio con el Estado

El nuevo gobierno desde que asumió en diciembre de 2023 fue reduciendo y ejecutando cada vez menos el presupuesto disponible. Un presupuesto que ni siquiera está actualizado para el 2024 sino que es el mismo que se destinó para el 2023.

En los barrios populares el acceso a la justicia sigue siendo deficitario, sin embargo la creación e implementación de estas políticas, aún con sus limitaciones han sido de utilidad y ayuda para el efectivizar el  acompañamiento y promover la prevención. El hecho que se eliminen las ayudas destinadas no sólo deja a las mujeres víctimas de maltrato expuestas, sino que además les confiere mayor impunidad a los agresores permitiéndoles a que en algún otro momento puedan volver a cometer cualquier tipo de maltrato.

Las políticas comunitarias
Las  trabajadoras comunitarias que abordan cuestiones de género son un puente fundamental para que el Estado llegue al barrio popular, aún sin ser reconocidas en su labor por el anterior Ministerio, entre 2023 y el primer cuatrimestre de este año acompañaron a 452 mujeres y disidencias en 12 provincias en más de 30 barrios populares. Los principales acompañamientos son por violencia por motivos de género (85%) y por demanda de asistencia alimentaria (64%).

Las casas de las mujeres y disidencias son dispositivos de prevención, detección y abordaje integral de la violencia por motivo de género. La Poderosa inauguró su primera Casa en la villa 31, ahora conocido como barrio Padre Mugica, en el año 2018, y de ahí en adelante se abrieron 8 casas más en los barrios populares en los que La Poderosa tiene asambleas. Las casas son espacios creados por y para las mujeres y disidencias como medida urgente para la preservación de la vida. Son lugares en el que las mujeres y disidencias vulneradas pueden acudir como espacio seguro y de cuidado previo o una vez efectivizada la denuncia correspondiente. Es un espacio de contención y acompañamiento. 

La posibilidad de realizar una denuncia varía significativamente entre el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los barrios populares  ubicados en las zonas de la periferia, así como en ciudades o pueblos más al interior de las ciudades cabeceras donde se presentan mayores dificultades para acceder a una comisaría.

Como ejemplo de lo mencionado, en Punta del Agua, San Juan, las vecinas deben recorrer una distancia de 40 km que en general lo realizan en moto para poder llegar a la comisaría a realizar la denuncia. Una vez en la comisaría, es imprescindible el acompañamiento de organizaciones sociales o de vecinas/os, ya que cuando van solas no son tomadas en cuenta y la recepción de la denuncia suele demorarse.

Una situación similar ocurre en Nueva Argentina, Bahía Blanca, donde las vecinas deben tomar un colectivo y viajar 11 km para arribar a la comisaría más cercana y presentar la denuncia.

Aunque el mayor porcentaje de las personas denunciantes no conviven con el agresor, casi el 60% de los acompañamientos tuvieron que buscar una alternativa para la cuestión habitacional (figura 3 y 4)

Alcanzar la solvencia económica es una complicación para las mujeres de los barrios populares Mujeres que en general se encuentran sobrerrepresentadas en la pobreza y en la  informalidad laboral. Son los espacios productivos como las cooperativas las que se presentan  como una alternativa para que las mujeres consigan un trabajo digno, y así puedan lograr una autonomía económica perdurable, evitando de esta manera seguir manteniendo la dependencia y el sometimiento con el agresor por no poder acceder a pagar un alquiler o poder sustentarse. Con el deterioro de la actividad productiva en los últimos meses La Poderosa también se ha visto en la necesidad de cerrar espacios productivos, a la vez que los sectores más afectados por la recesión son los trabajos domésticos en casas particulares.

En La Poderosa sostenemos 50 cooperativas autónomas que permiten darle una oportunidad de trabajo a las mujeres de los barrios populares. Además, de contar con distintos espacios productivos. Todas estas áreas están compuestas en más del 90% por mujeres y disidencias sexuales. Se torna de suma necesidad, y aún más en contextos tan adversos reforzar los espacios productivos comunitarios como huertos o cooperativas alternativas que le hagan frente  a la crisis en la que se encuentra el país actualmente y que considerando la inexistencia de un programa de gobierno real, seguramente tenderá a empeorar con el correr de los meses.

A modo de cierre, consideramos fundamental el reconocimiento de las redes creadas desde los territorios para enfrentar la violencia por motivos de género, pero a su vez, el rol de las políticas públicas para remunerar el trabajo comunitario tantas veces invisibilizado por el mismo Estado que es a su vez el único puente y la única salida de situaciones tan difíciles en donde cada minuto cuenta, en donde cada acción y contención hace la diferencia entre contarla o no. El desmantelamiento de las políticas de género no será gratuito, mucho menos para los barrios populares y las mujeres que continúan trabajando, aún sin salario, con menos herramientas, pero nunca dejando atrás ninguna vecina que toque la puerta o levante el teléfono.